El pasado 19 de Abril de 2008, el Diario El País publicaba un artículo con el siguiente título
Un juez anula el atajo legal de las eléctricas para instalar molinos
que podéis leer completo en el siguiente enlace:
(http://www.elpais.com/articulo/sociedad/juez/anula/atajo/legal/electricas/instalar/molinos/elpepisoc/20080419elpepisoc_3/Tes)
Dicho artículo informaba de que:
"El juzgado número 2 de lo Contencioso de León ha dado la razón a la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife) y a la asociación Urz y ha anulado el primero de los 13 miniparques en los que se dividía el proyecto y con los que las eléctricas y la Junta de Castilla y León intentaron eludir una declaración de impacto ambiental completa.
Dividir los proyectos es más que habitual pero la justicia comienza a poner coto a esta práctica, con la que las empresas eluden la tramitación ambiental y además ganan más dinero por la prima por el kilovatio generado.
Los montes de Murias, Riello o Igueña (León) sentían ya el aliento de los molinos de viento. Entre 2001 y 2006, la Junta de Castilla y León autorizó al menos 13 parques eólicos prácticamente contiguos. Ninguno superaba los 50 megavatios de potencia instalada ni tenía más de 60 molinos. Por separado no eran una amenaza para los urogallos y demás especies protegidas que sobrevuelan Omañas, el Valle de San Emiliano y el Alto Sil, espacios protegidos para las aves por la UE.
Por eso, la Junta de Castilla y León les aplicó una declaración de impacto ambiental simplificada y les fue dando el visto bueno. A partir de 50 megavatios, la declaración de impacto ambiental es competencia del Gobierno, debe ser en teoría más rigurosa y las eléctricas no cobran la subvención de la energía renovable."
¿Que ha sucedido para que año y medio después se olvide esta sentencia, cargada de sentido común y se realicen las obras "en pequeñas dosis" para mejor burlar las normas medioambientales, al tiempo que consiguen una mayor subvención?
Tambien indicaba la citada sentencia:
"Es consustancial a los parques eólicos su carácter unitario, de modo que los aerogeneradores necesariamente han de compartir, además de las líneas propias de unión entre sí, unos mismos accesos, un mismo sistema de control y unas infraestructuras comunes de distribución o transporte de electricidad, de tal suerte que no es posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque eólico".
Si hace año y medio no se podía descomponer, a efectos jurídicos, un parque eólico y puesto que la legislación no ha cambiado ¿cómo es posible que ahora sí pueda hacerse?
Y por último, en el mismo artículo hay un párrafo increíble que, sinceramente, nos hace dudar de que nos encontremos en un país que respeta la Constitución y los principios consagrados en la misma:
"Un portavoz de la Asociación Empresarial Eólica admitió que es frecuente la fragmentación, principalmente para poder acceder a la prima a la electricidad eólica, a la que legalmente no pueden acogerse los parques de más de 50 megavatios. La Administración conoce y tolera la situación."
¿Donde queda la igualdad de los hombres ante la Ley si una Asociación empresarial admite una conducta en fraude de ley que conduce a una ilegalidad? ¿Por qué la Administración, que "conoce y tolera la situación" no hace nada mientras se pagan primas, que no corresponden, con el dinero de los impuestos de todos los españoles?
Mientras, el déficit del Estado se financia mediante la subida de ¡impuestos indirectos!
Pues bien, apenas hace cuatro días, el pasado 10 de Octubre, podíamos leer en Diario de León el siguiente titular:
Las eólicas apuran 18 nuevos parques para acogerse a las primas actuales
Dicho artículo informaba de que:
"El juzgado número 2 de lo Contencioso de León ha dado la razón a la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife) y a la asociación Urz y ha anulado el primero de los 13 miniparques en los que se dividía el proyecto y con los que las eléctricas y la Junta de Castilla y León intentaron eludir una declaración de impacto ambiental completa.
Dividir los proyectos es más que habitual pero la justicia comienza a poner coto a esta práctica, con la que las empresas eluden la tramitación ambiental y además ganan más dinero por la prima por el kilovatio generado.
Los montes de Murias, Riello o Igueña (León) sentían ya el aliento de los molinos de viento. Entre 2001 y 2006, la Junta de Castilla y León autorizó al menos 13 parques eólicos prácticamente contiguos. Ninguno superaba los 50 megavatios de potencia instalada ni tenía más de 60 molinos. Por separado no eran una amenaza para los urogallos y demás especies protegidas que sobrevuelan Omañas, el Valle de San Emiliano y el Alto Sil, espacios protegidos para las aves por la UE.
Por eso, la Junta de Castilla y León les aplicó una declaración de impacto ambiental simplificada y les fue dando el visto bueno. A partir de 50 megavatios, la declaración de impacto ambiental es competencia del Gobierno, debe ser en teoría más rigurosa y las eléctricas no cobran la subvención de la energía renovable."
¿Que ha sucedido para que año y medio después se olvide esta sentencia, cargada de sentido común y se realicen las obras "en pequeñas dosis" para mejor burlar las normas medioambientales, al tiempo que consiguen una mayor subvención?
Tambien indicaba la citada sentencia:
"Es consustancial a los parques eólicos su carácter unitario, de modo que los aerogeneradores necesariamente han de compartir, además de las líneas propias de unión entre sí, unos mismos accesos, un mismo sistema de control y unas infraestructuras comunes de distribución o transporte de electricidad, de tal suerte que no es posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque eólico".
Si hace año y medio no se podía descomponer, a efectos jurídicos, un parque eólico y puesto que la legislación no ha cambiado ¿cómo es posible que ahora sí pueda hacerse?
Y por último, en el mismo artículo hay un párrafo increíble que, sinceramente, nos hace dudar de que nos encontremos en un país que respeta la Constitución y los principios consagrados en la misma:
"Un portavoz de la Asociación Empresarial Eólica admitió que es frecuente la fragmentación, principalmente para poder acceder a la prima a la electricidad eólica, a la que legalmente no pueden acogerse los parques de más de 50 megavatios. La Administración conoce y tolera la situación."
¿Donde queda la igualdad de los hombres ante la Ley si una Asociación empresarial admite una conducta en fraude de ley que conduce a una ilegalidad? ¿Por qué la Administración, que "conoce y tolera la situación" no hace nada mientras se pagan primas, que no corresponden, con el dinero de los impuestos de todos los españoles?
Mientras, el déficit del Estado se financia mediante la subida de ¡impuestos indirectos!
Pues bien, apenas hace cuatro días, el pasado 10 de Octubre, podíamos leer en Diario de León el siguiente titular:
Las eólicas apuran 18 nuevos parques para acogerse a las primas actuales
Otras nueve zonas eólicas se encuentran en construcción en la provincia. En total multiplicarán casi por cuatro la capacidad de generación del momento actual
que también podéis leer íntegramente en el siguiente enlace: (http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=482642)
Después de leer ambos artículos, de ver el gráfico anterior, según el cual producimos más energía eólica que Estados Unidos que, no hace falta decir, tiene una superficie muy superior a la nuestra, y conociendo la contestación que dichos proyectos levantan entre ecologistas y entre muchos vecinos de las zonas afectadas, lo único que le queda claro al Húsar es que lo que más preocupa a las empresas eólicas no es la energía sostenible, ni la conservación del medio ambiente sino las primas que se cobran porque, suponemos (por la experiencia pasada en éste y otros sectores, que son las subvenciones lo que hacen a esta energía competitiva. Y como ya estamos observando en estos temas, cuando nadie cumple la ley, en lugar de obligar, con los medios de que dispone el Estado a que se cumplan las sentencias, se cambia la ley y... ¡a otra cosa mariposa!
¿Terminaremos encontrándonos con otro "caso lino" en el que se vive de la subvención? ¿Qué pasará con todos los parajes naturales machacados, con la contaminación visual, con la huida de aves de las zonas afectadas si, por el motivo que sea, se deja de lado esta forma de obtención de energía? Y la sempiterna pregunta que se hace el Húsar, si la provincia de León exporta el 85% de la energía que produce (con cifras similares en las de Zamora y Salamanca) ¿por qué, en nombre de lo más sagrado, tienen que seguir destruyendo nuestra tierra y el último tesoro que nos queda tras el expolio autonómico, nuestro maravilloso medio ambiente y paisaje natural?
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